El mismo Juan Manuel Santos que ha obtenido en Washington la dudosa promesa de 450 millones de dólares de ayuda para el posconflicto, fue el que en 1998 puso en manos del presidente Andrés Pastrana el borrador elaborado en la sala de situación del PNUD de un “Plan Marshall” para la reconstrucción de Colombia.

Se han necesitado 18 años y miles de muertos más para que la negociación se hiciera posible, pero el plan de reconstrucción entre tanto se convirtió en un Plan Colombia que Pastrana utilizó para aprovisionar al Ejército, Uribe para su turbio proyecto de guerra total y Santos para acercarse a las puertas de la paz negociada.

Hoy, cuando ese plan de reconstrucción volvería a estar en el orden del día, el presupuesto de varios miles de millones de dólares de ayuda externa amenaza reducirse a la expectativa de 450 millones de los Estados Unidos, para lo que en adelante llamarán Paz Colombia.

Ahora todo el mundo se pregunta de dónde saldrán los recursos para el posconflicto y todos los sectores comprometidos con la paz proceden a mostrar sus bolsillos vacíos. Es evidente que la firma del armisticio, la desmovilización y la reinserción de los combatientes tendrán sus costos, pero la construcción de la paz –si el propósito es sincero– costará muchas veces más.

Todo lo que ya se avizoraba en 1998: recuperación de la agricultura, distritos de riego, vías, infraestructura, inversión para llevar los beneficios básicos del Estado a las zonas siempre abandonadas, rediseño de un modelo económico que hace agua y que excluye a buena parte de la población, inversión en educación, ciencia y tecnología, inversión en seguridad preventiva más que en seguridad represiva, todo ello sigue siendo una prioridad dos décadas después, pero el mayor error consiste en pensar que el posconflicto tiene que pagarse preferentemente con recursos de la cooperación internacional.

Ello se debe a una equivocación de fondo en la concepción de la paz, nacida de la necesidad de nuestros gobiernos de mostrar a Colombia como un país donde todo es normal, salvo por el lunar de la guerra. Por eso manejan cifras irreales de disminución de la pobreza, tasas de ocupación en las que se desconoce la realidad aberrante del sub-empleo, balances macroeconómicos que sólo convencen a los que adentro y afuera se benefician de un modelo de economía improductiva, totalmente subordinado al interés de las multinacionales y del capital financiero, y donde todo sector que no recibe beneficios es borrado como excepción y anomalía.

Tal vez por eso ya prefieren hablar de posconflicto y no de la reconstrucción de un país devastado física y moralmente por décadas de inseguridad y desconfianza, por décadas de violencia y desamparo, por largos hábitos de exclusión y de anormalidad.

El Gobierno se obstina en declarar que la paz no pondrá en entredicho el modelo económico, el modelo político, el orden institucional, para confirmar su versión mediática de que Colombia es un país bien construido y bien administrado, una democracia ejemplar a la que se le ha formado un apéndice violento llamado el conflicto, que hay que extirpar y sanar con algunos recursos adicionales. Por eso el proceso de paz parece a cada instante todo y nada, un conjunto de urgentes decisiones que no comportan ninguna transformación sustancial de nuestro modo de ser como país, y que por ello ni convocan ni despiertan el entusiasmo popular.